Sobre los cargos tutelares


La Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, señala la idoneidad de que las medidas de protección para aquellas personas con la capacidad legal modificada, se configuren de manera individualizada para cada uno de los casos.

El Tutor es el representante de la persona en todos los actos determinados por la sentencia; el Curador completa la capacidad de aquellas personas con la capacidad legal limitada en aquellos aspectos que determina la sentencia.

El articulo 234 del Código Civil establece el orden de prefe­rencia para el nombramiento del tutor, pero el Juez puede, motivadamente, nombrar tutor a cualquier persona física o ju­rídica.

El orden de preferencia para el nombramiento del tutor, teniendo en cuenta que puede ser alterado por el Juez a través de resolución motivada, será el siguiente:

  1. Persona designada mediante Autotutela: cualquier persona en previsión futura de ser modificada su capacidad, podrá mediante documento notarial adoptar cualquier disposición relativa a su propia persona o bienes, incluida la designación de tutor. Designación que se inscribirá en el Registro Civil con el fin de que el Juez tenga conocimiento de ello en el momento de asignar el cargo.
  2. Cónyuge o persona de relación análoga con descendencia común o convivencia demostrable.
  3. Padres.
  4. Persona designada por los padres en documento de Últimas Voluntades.
  5. Descendientes, ascendientes o hermanos.
  6. Institución Tutelar.
¿A que está obligado el tutor?
  • Representar al tutelado salvo en los actos que pueda realizar por sí mismo según sentencia, salvaguardando su capacidad de decisión, preferencia, voluntad e interés.
  • Velar por el tutelado: procurarle alimentos, educación y formación.
  • Administrar sus bienes, según determine la sentencia, con la diligencia de un buen padre de familia.
  • Trasladar la información requerida al Juzgado en el plazo previsto.

El tutor necesita para ciertos actos extraordinarios autoriza­ción judicial, es decir, necesita comunicar al juzgado su intención de realizarlos y debe esperar a la aprobación de éste para ejecutarlos. Las actuaciones que necesitan de autorización judicial son la siguientes:

  1. Internar al tutelado.
  2. Enajenar o gravar bienes inmuebles,establecimientos mercantiles o industriales, objetos preciosos y valores mo­biliarios, o celebrar contratos o realizar actos que tengan carácter dispositivo y sean susceptibles de inscripción.
  3. Aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia o para repudiar esta o las liberalidades.
  4. Hacer gastos extraordinarios.
  5. Entablar demanda,salvo en asuntos urgentes o de es­casa cuantía
  6. Dar en arrendamiento por tiempo superior a seis años.
  7. Dar y tomar dinero a préstamo.
  8. Disponer a titulo gratuitos de bienes o derechos del tute­lado.
  9. Ceder a terceros los créditos que el tutelado tenga contra él, o adquirir a titulo oneroso. les créditos de terceros cen­tra el tutelado.
¿A que está obligado el Curador?
  • Asistir al tutelado en aquellas áreas determinadas por la sentencia en el grado y modo que se marque.
  • Asistir al curatelado en aquellos actos de naturaleza personal o patrimonial que exprese la sentencia. Si no se precisa se entiende que asistirá en los actos que el tutor requiere de autorización judicial para realizarlos.

El ejercicio de la Tutela y de la Curatela está controlado en todo momento por  el Juez y por el Ministerio Fiscal y el tutor tiene las siguientes obligaciones frente al juzgado:

  • Presentación de un Inventario de todos los bienes en el plazo de 60 días desde la aceptación del cargo.
  • Presentación  de una Rendición Anual sobre la situación personal y patrimonial de la persona  con capacidad modificada.
  • El Ministerio Fiscal puede pedir  en cualquier momento un informe sobre la situación del tutelado o de su patrimonio.
  • Realizar la Rendición Final de  cuentas  en  el plazo  de 3 meses una vez que cese en sus funciones de tutor o curador.

RETRIBUCIÓN DEL CARGO

Según establece el artículo 274 del Código Civil, el tutor tiene derecho a una retribución, siempre que el patrimonio del tutelado lo permita. Dicha retribución debe ser fijada por el Juez.

Fundación Navarra para la Tutela de Personas Adultas únicamente solicita al Juzgado el reconocimiento de la retribución en los casos en que la persona tutelada dispone de liquidez suficiente (más de 3.000 euros en cuenta corriente o libreta de ahorro); su presupuesto anual es positivo y no existen deudas que puedan comprometer su solvencia.

En estos casos, la retribución judicial de Fundación asciende a la cantidad de 300 euros anuales.



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